El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha aprobado este lunes, en el marco de su Asamblea Ordinaria anual de Representantes, una resolución política por la que insta a las Administraciones Públicas a prorrogar durante cinco años, hasta 2030, el actual modelo de distribución de los fondos del 0,7 % de interés social procedentes del IRPF y del Impuesto de Sociedades, que se distribuye en un 80 % a las Comunidades Autónomas y un 20 % al Estado.
Este modelo ha aportado estabilidad y previsibilidad al Tercer Sector de Acción Social, tras una etapa previa caracterizada por la incertidumbre, los conflictos políticos y los litigios judiciales. Gracias a este modelo, miles de entidades sociales -entre ellas FIAPAS- han podido poner en marcha programas esenciales para las personas en mayor situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, como advierte el CERMI, el acuerdo actual expira a finales de 2025 y, por el momento, no se ha iniciado el proceso para su renovación. Por ello, insta a las Administraciones públicas a acordar una prórroga de cinco años que garantice su continuidad hasta 2030.
“Si no se alcanza un nuevo pacto a tiempo, 2026 podría comenzar sin un marco de financiación definido, poniendo en riesgo la sostenibilidad de miles de proyectos sociales” señalan desde el CERMI.
Ante esta amenaza, el CERMI y sus organizaciones miembros nos comprometemos a desplegar una estrategia coordinada de incidencia política, tanto a nivel estatal como autonómico, para defender esta prórroga como una prioridad política y social.
La resolución aprobada constituye una de las posiciones políticas más relevantes del Movimiento CERMI en este 2025, y subraya el valor estratégico del modelo de asignaciones tributarias del 0,7 %, clave para sostener la red de protección social no lucrativa que opera en todo el territorio.
