La Comisión de Juventud e Infancia del Congreso de los Diputados aprobó ayer una Proposición no de Ley (PnL) en la que se insta al Gobierno a recuperar los criterios de acceso vigentes antes de 2020 para las ayudas destinadas al alumnado con necesidades educativas especiales, entre ellos los niños, niñas y jóvenes con sordera.
La iniciativa, defendida por la diputada del Grupo parlamentario Popular Violante Tomás, puso de manifiesto las dificultades que numerosas familias vienen afrontando desde que el Ministerio modificó los requisitos de acceso a estas ayudas, introduciendo la exigencia de acreditar un determinado grado de discapacidad. En un primer momento, un 33 %, en la actualidad, un 25 %, en vez de poder acreditarse estas necesidades a través de un informe psicopedagógico emitido por los equipos de orientación educativas, tal como se hacía hasta 2020.
Durante el debate parlamentario, se señaló que muchas familias están asumiendo un importante sobrecoste para garantizar que sus hijos e hijas puedan acceder a los apoyos especializados que necesitan para su desarrollo educativo y su inclusión en el entorno escolar.
Se puso, igualmente, de relieve que el grado de discapacidad es un porcentaje que resulta de aplicar un baremo ajeno al ámbito educativo y no responde realmente a las necesidades educativas y de aprendizaje del alumnado, advirtiendo de que dejan fuera a estudiantes que precisan recursos y apoyos específicos pese a no alcanzar el porcentaje de discapacidad requerido.
En este contexto, FIAPAS lleva años reclamando la recuperación de los criterios anteriores a 2020 para que las ayudas educativas se ajusten a las necesidades reales de apoyo del alumnado con sordera y no dependan exclusivamente de un porcentaje administrativo de discapacidad.
El Movimiento Asociativo de Familias FIAPAS viene alertando de que esta situación afecta especialmente a estudiantes con sorderas leves o moderadas, usuarios de audífonos, así como al alumnado con sordera unilateral, quienes pueden requerir medidas de apoyo y recursos especializados para garantizar su inclusión educativa y el pleno acceso al aprendizaje.
La aprobación de esta iniciativa parlamentaria pone nuevamente de relieve la necesidad de que el Ministerio de Educación dé una respuesta adecuada a las necesidades del alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de una discapacidad, con independencia de su grado.
