El pasado 8 de octubre, el Pleno de la Cámara Baja aprobó por unanimidad con 341 votos a favor admitir a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia. Esta Proposición de Ley, impulsada por el Cermi, quiere acabar con los copagos confiscatorios” en el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, con la modificación de los artículos 14 y 33 de la mencionada ley.
El presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez, defendió ante la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados y que tuvo lugar dos semanas antes al debate de toma en consideración esta ILP. En su intervención subrayó que esta ILP “arrastra casi diez años de demora», desde 2015, «por falta de impulso y compromiso político e institucional”, un retraso que “ha generado frustración y desafección”. Esta es la cuarta vez que la ILP se registra en las Cortes, que ya la admitieron a trámite en dos ocasiones. «Esperamos que esta sea la definitiva”, reclamó Pérez.
Cambios propuestos
Con casi 740.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas mayores de edad, la ILP pide modificar la Ley 39/2006 para incluir una serie de medidas que pongan fin a lo que, a su juicio, resulta “un copago confiscatorio” por los servicios de dependencia.
Reclama que la norma incluya “unos criterios sobre determinación de la capacidad económica y sobre la participación en el coste iguales y vinculantes para todas las comunidades”, que después podrían ser desarrollados reglamentariamente y complementados por las autonomías.
Entre otros mínimos, propone la exención de 1.500 euros (2,5 veces el Iprem) en todos los servicios y prestaciones del sistema (“también el residencial”), limitar la aportación máxima de la persona al 60% del coste del servicio que reciba, y asegurarle siempre el 40% del Iprem como renta disponible (dinero de bolsillo).
También defiende que “la edad o el momento de aparición de la situación de dependencia” y su prolongación estimada sean tenidos en cuenta como nuevos criterios para determinar la capacidad económica de una persona, “proyectándose sobre su renta y sobre su patrimonio».
FUENTE: Cermi/Servimedia
