Mª Carmen Sacacia, presidenta de FIAPAS, participó en la clausura del seminario “La dimensión social de las emergencias y catástrofes: Gestión preventiva para minimizar el impacto en las personas con discapacidad” organizado por el CERMI, organización de la que es vicepresidenta. En esta jornada de trabajo expertos y entidades del sector han reclamado protocolos accesibles y una mayor coordinación para evitar situaciones de exclusión en emergencias.
En su intervención, Sacacia subrayó la necesidad de replantear las políticas de emergencias para trascender la respuesta inmediata y garantizar la protección real y efectiva de las personas con discapacidad: “la gestión de emergencias no puede limitarse al aquí y ahora. Debemos mirar más allá, anticiparnos y garantizar que las personas con discapacidad tengan una respuesta adaptada en todas las fases: prevención, impacto y recuperación. No se trata solo de estabilizar la emergencia, sino de asegurar que, tras una catástrofe, nadie quede desamparado”, afirmó.
Subrayó también que “las devastadoras emergencias recientes, desde la DANA en Valencia hasta la erupción del volcán de La Palma, han evidenciado las barreras estructurales y la falta de previsión en la gestión de crisis. No podemos seguir permitiendo que más de cuatro millones de personas en España queden expuestas a mayores riesgos por falta de accesibilidad”.
En este sentido, la presidenta de FIAPAS puso el foco en la especial vulnerabilidad de las personas con discapacidad auditiva en contextos de emergencia, alertando sobre la falta de visibilidad y reconocimiento de sus necesidades específicas. Insistió en la necesidad de contar con sistemas de comunicación accesibles, que incluyan subtitulado, interpretación en lengua de signos para aquellas personas que usen esta lengua, recursos tecnológicos en tiempo real y un acceso universal al 112 sin necesidad de registro previo. Además, destacó que es imprescindible la formación de los profesionales de seguridad y emergencias para garantizar que puedan actuar de manera efectiva ante situaciones de riesgo que afecten a personas con discapacidad.
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