La pérdida de la audición, congénita o adquirida, a cualquier edad, tiene consecuencias sobre la persona con sordera y también sobre su familia. Asimismo, debemos estar atentos a esa otra dimensión que trasciende a lo individual y que son las implicaciones que tiene, en términos generales, en materia de salud pública y educación, además de las sociales. Implicaciones no siempre abordadas de forma suficiente, ni adecuada.

Tanto la incidencia de la sordera, como su prevalencia entre la población, ofrecen números crecientes no solo porque aparecen nuevas causas que la generan, sino por el hecho de que otras sobrevenidas (por ejemplo, la nociva exposición al ruido) se intensifican y adelantan en edad de aparición, lo que supone que, en relación con determinados tipos de sordera, que hasta hace no tanto eran propios de edades superiores a los sesenta años, cada vez más se alerte de su alta incidencia a partir de los cuarenta y entre los jóvenes.

Junto con lo que supone la ausencia de funcionalidad de uno de los sentidos del ser humano, como es la capacidad de oír, las consecuencias no-auditivas de la falta de audición (y esto no pretende ser un juego de palabras) no son fáciles de identificar, ni de evaluar… Así lo corroboramos cada vez que nos enfrentamos al proceso de valoración del grado de discapacidad en el caso de una persona sorda oralizada y que usa prótesis auditiva. O cuando tenemos que defender que no se puede subestimar o hacer “desaparecer” de las normas y de las medidas de acción positiva aquellas que van dirigidas a personas con discapacidad auditiva con un 33 % en su certificado de discapacidad y, sin embargo, en la misma línea de texto, para otros tipos de discapacidad con ese mismo grado del 33 %, sí se dejan establecidas dichas medidas. ¿Por qué un 33 % es menos que el otro 33 %? ¿Acaso un kilo de paja pesa menos que un kilo de hierro?...

Acabamos de realizar la campaña de sensibilización “ÓYEME”, por el derecho a oír y a ser oído, tratando de romper la invisibilidad social y a todos los niveles de las personas sordas que hablan (Si me preguntas: ¿cómo es posible que una persona sorda hable? Te respondo: ¿y por qué no?) y usan prótesis auditivas para comunicarse con el entorno, en su educación y su cultura, en su desempeño laboral, en su ocio y en sus relaciones sociales (Me acabas de oír, estamos hablando… Nuestra comunicación es invisible, pero ¡soy sordo!).

Las personas con sordera y sus familias invierten esfuerzo personal, tiempo y dinero, en un camino plagado además de renuncias. Gracias a ello alcanzan cotas de autonomía, educativas, laborales… inimaginables hace apenas un par de décadas. Y esto, que debiera jugar a su favor, sin embargo, les penaliza haciéndoles invisibles a la sociedad y a los poderes públicos, en la falsa creencia de que como “hablan” todo está resuelto y las suyas son necesidades de segundo nivel.

Se olvida que son sordas y que requieren también de medidas de acción positiva, de productos de apoyo y que sus derechos sean reconocidos, garantizados y protegidos, en igualdad de condiciones que los demás, por quienes tienen la responsabilidad de hacerlo.

Las personas sordas oralizadas y que usan prótesis están ahí, por fortuna experimentando todo el abanico de oportunidades que el progreso médico y la tecnología audiológica les brindan para el acceso al lenguaje y a la comunicación oral, como las herramientas más potentes de aprendizaje y desarrollo de otras habilidades que les permiten acceder y manejar toda la información y el conocimiento del entorno, contribuyendo y participando activamente. No sin esfuerzo, no sin dificultades, no sin enfrentarse a barreras cada día. Aunque tú no las veas.