MUCHO MÁS QUE PALABRAS

Comienza un nuevo año y con él los trabajos del grupo que ha de contribuir al desarrollo reglamentario de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

Queremos recordar de nuevo cómo se denomina la ley para que, por desconocimiento o por una inadecuada, en este caso, aplicación de economía de lenguaje, no se caiga en el error de citarla de forma incompleta y, con ello, invisibilizar a una gran mayoría de las personas sordas de nuestro país que se reconocen precisamente en esa otra parte de la denominación que habitualmente se omite: los apoyos a la comunicación oral. Es esta referencia en concreto la que constituye la garantía de su derecho a la comunicación oral y a los recursos de apoyo que permiten hacer efectivo dicho derecho, que quiere ejercer más del 95 % de las personas sordas en nuestro país.

FIAPAS, tal como estuvo también en el origen de esta ley, es una de las entidades que forma parte de este grupo de trabajo. Por lo tanto, esta Confederación participará de nuevo activa y proactivamente en el mismo.

La legislación española, en términos generales y, particularmente, en relación con las personas con discapacidad, es prolija en materia de derechos. Por tanto, para las personas sordas queremos ese mismo marco jurídico, el mismo que para cualquier otro ciudadano, y donde no llegue esa legislación, tendrá que llegar el desarrollo de la Ley 27/2007. Pero siempre de manera transversal, sin generar sistemas diferentes o especiales para las personas sordas.

Precisamente esta ley vino a rubricar, dentro del marco jurídico español existente, el reconocimiento de la diversidad comunicativa entre las personas con sordera y el derecho de libre elección -de los padres, si se trata de menores- sobre la lengua vehicular de comunicación y de enseñanza/aprendizaje, garantizando, en el caso de las personas con sordera que comunican en lengua oral y son usuarias de prótesis auditivas (audífonos e implantes), que puedan disponer de aquellos medios que hacen posible su vida autónoma, la inclusión y la participación en su entorno, contribuyendo a que tengan la posibilidad de acceder a la educación, al empleo, al ocio y a la cultura, a la comunicación audiovisual, a las nuevas tecnologías, a la participación política… como un ciudadano más.

Poner de relieve estos derechos y hacerlos plenamente efectivos es nuestro objetivo en este marco de colaboración abierto por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que ha comenzado a andar firme y motivado.