Las organizaciones de infancia, entre las que se encuentra FIAPAS, han señalado que los sistemas de protección social, y más específicamente las prestaciones monetarias tienen enorme impacto en la reducción de la pobreza. Asimismo, las organizaciones han puesto de manifiesto que las familias en riesgo de pobreza o exclusión social se enfrentan a tener que elegir entre pagar gastos básicos, calentar sus hogares o proporcionar una alimentación adecuada, ropa o material escolar a sus hijos e hijas. Otras repercusiones manifiestas de la pobreza infantil son el fracaso escolar y la segregación social. 

El presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, ha manifestado que España tiene un problema de pobreza estructural y multidimensional que tiene que solucionarse de manera "inmediata" a través de políticas sociales que actúen de manera transversal en todos los ámbitos de la sociedad: vivienda, infancia, juventud, empleo, etcétera, "recuperando los presupuestos económicos y garantizando los derechos humanos porque éstos no pueden esperar más".

Por su parte, el delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención Internacional de la Discapacidad, Jesús Martín Blanco,ha resaltado que el 16% de las personas con discapacidad se encuentran en una situación de exclusión severa, tasa que casi duplica a la de las personas sin discapacidad. Como ejemplo, ha denunciado que casi cuatro de cada diez personas con discapacidad están excluidas de los servicios de salud, que el 17% de las personas con discapacidad no pueden comprar medicamentos o que el 15% de los hogares de personas con discapacidad están formados por personas sin empleo.